Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
Es una organización intergubernamental de base regional que
agrupa a países de América del Sur, Centroamérica y América
del Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del
terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las
políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en
los distintos mecanismos de cooperación entre los países
miembros.
Página web: www.gafilat.org
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los
Ministerios y sus jurisdicciones miembros. El mandato del GAFI es
fijar estándares y promover la implementación efectiva de
medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el
lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el
financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la
integridad del sistema financiero internacional. En colaboración
con otras partes involucradas a nivel internacional, el GAFI
también trata de identificar vulnerabilidades a nivel nacional
para proteger el sistema financiero internacional de usos
indebidos.
Página web: www.fatf-gafi.org
Comité Nacional contra el Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT)
Comité Nacional contra el Lavado de Activos (LA)
y Financiamiento del Terrorismo (FT)
Es un órgano de coordinación, de naturaleza colegiada,
responsable del funcionamiento eficiente del sistema de
prevención, detección, control y combate del lavado de
activos, el financiamiento del terrorismo y del financiamiento a la
proliferación de armas de destrucción masiva
Miembros del Comité Nacional contra el LA/FT:
El Ministro de Hacienda (quien lo preside)
El Procurador General de la República
El Ministro de Defensa
El Presidente del Consejo Nacional de Drogas
El Presidente de la Dirección Nacional de
Control de Drogas
El Superintendente de Bancos
El Superintendente de Valores
Prevención de Lavado de Activos
La Declaración de Basilea del 12 de diciembre de 1988, conocida como “Declaración de Principios del Comité de Reglas y Prácticas del Control de Operaciones Bancarias sobre prevención de la utilización del sistema bancario para el blanqueo de fondos de origen criminal” y las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de febrero de 1990, fueron los primeros pasos destinados a concebir y promover estrategias de lucha contra el lavado de dinero.
República Dominicana formó parte de la Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero, efectuada en noviembre de 1992, por los Ministros y otros representantes de los Gobiernos del Caribe y América Latina, con motivo de la Conferencia organizada por el “Grupo de Acción Financiero del Caribe (GAFIC)”, quienes recomendaron adoptar las medidas correspondientes en las respectivas legislaciones internas. Nuestro país es también signatario de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada en Palermo, Italia, el 15 de diciembre del 2000, que obliga a adoptar mecanismos y procedimientos que promuevan la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional. A su vez la República Dominicana es signataria de la Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrada en Caracas, Venezuela, en fecha 29 del mes de marzo de 1996, la que obliga a los Estados partes a sancionar el lavado de activos originados en actos de corrupción administrativa. Actualmente el marco legal interno del país es la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. También se cuenta con la Ley 267-08 sobre Terrorismo, la cual a su vez crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista.
Lavado de Activos (LA): Es el proceso mediante el cual Personas Físicas o Jurídicas y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes señalados en la Ley 155-17. Financiamiento del Terrorismo (FT): Es el acto cometido por quien intencionalmente financie, subvencione, oculte o transfiera dinero o bienes para ser utilizados o, a sabiendas de que serán utilizados, en la comisión de cualquiera de los delitos de terrorismo.
Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: Se refiere a todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de lanzamiento y otros materiales relacionados. Autoridades Competentes: Son las autoridades que, de conformidad con las atribuciones que le confieran las leyes, son garantes de la prevención, persecución y sanción del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Sujeto Obligado: Es la Persona Física o Moral que, en virtud de la Ley 155-17 o su reglamento, está obligada al cumplimiento de obligaciones destinadas a prevenir, impedir y detectar el lavado de activos. Oficial de Cumplimiento: Es el ejecutivo de alto nivel designado por el Sujeto Obligado, con capacidad técnica, que se encargue de vigilar la estricta observancia del programa de cumplimiento. Dicho funcionario servirá de enlace del sujeto obligado con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el ente supervisor. Conceptos 2 Operaciones Sospechosas: Son aquellas transacciones, efectuadas o no, complejas, insólitas, significativas, así como todos los patrones de transacciones no habituales o transacciones no significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento económico o legal evidente, o que generen una sospecha de estar involucradas en el lavado de activos, algún delito precedente o en la financiación al terrorismo.
Reporte de operación sospechosa: Los Sujetos Obligados deben comunicar las operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dentro de los cinco (5) días hábiles después de realizada o intentada la operación.
Registro y notificación de transacciones: Los Sujetos Obligados deben registrar y reportar, bajo los conceptos de Transacciones en Efectivo, Múltiples en Efectivo, todas las transacciones relacionadas con los clientes y usuarios que igualen o superen el monto de quince mil dólares (US$15,000.00) o su equivalente en moneda nacional.
Persona Expuesta Políticamente (PEP): Se refiere a cualquier individuo que desempeña o ha desempeñado, durante los últimos tres (3) años altas funciones públicas, por elección o nombramientos ejecutivos, en un país extranjero o en territorio nacional, incluyendo altos funcionarios de organizaciones internacionales. Incluye, pero no se limita a jefes de Estado o de gobierno, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios, así como aquellos que determine el Comité Nacional de Lavado de Activos, previa consulta con el Ministerio de la Administración Pública.
Beneficiario Final: Es(son) la(s) Persona(s) Física(s) que ejerce(n) el control efectivo final o es(son) propietario(s) último(s) de una Persona Jurídica o ente sin personalidad jurídica. También se considerará beneficiario final a la Persona Física en beneficio de quien o quienes se lleva a cabo una transacción, aun cuando la Persona Física no aparezca como titular o como la persona que formalmente controla esa operación.
Debida Diligencia: Es el conjunto de procedimientos, políticas y gestiones mediante el cual los sujetos obligados establecen un adecuado conocimiento sobre sus clientes y relacionados, actuales y potenciales, beneficiarios finales y de las actividades que realizan. Debida Diligencia Ampliada: Los sujetos obligados deben realizar una debida diligencia ampliada cuando hayan identificado riesgos mayores de lavado de activos o de financiamiento al terrorismo. Tercero de Buena Fe: Es aquella persona que actúa de buena fe al implementar las obligaciones. 3 Operaciones Sospechosas: Son aquellas transacciones, efectuadas o no, complejas, insólitas, significativas, así como todos los patrones de transacciones no habituales o transacciones no significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento económico o legal evidente, o que generen una sospecha de estar involucradas en el lavado de activos, algún delito precedente o en la financiación al terrorismo. Reporte de operación sospechosa: Los Sujetos Obligados deben comunicar las operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dentro de los cinco (5) días hábiles después de realizada o intentada la operación.
Registro y notificación de transacciones: Los Sujetos Obligados deben registrar y reportar, bajo los conceptos de Transacciones en Efectivo, Múltiples en Efectivo, todas las transacciones relacionadas con los clientes y usuarios que igualen o superen el monto de quince mil dólares (US$15,000.00) o su equivalente en moneda nacional. Persona Expuesta Políticamente (PEP): Se refiere a cualquier individuo que desempeña o ha desempeñado, durante los últimos tres (3) años altas funciones públicas, por elección o nombramientos ejecutivos, en un país extranjero o en territorio nacional, incluyendo altos funcionarios de organizaciones internacionales.
Incluye, pero no se limita a jefes de Estado o de gobierno, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios, así como aquellos que determine el Comité Nacional de Lavado de Activos, previa consulta con el Ministerio de la Administración Pública. Beneficiario Final: Es(son) la(s) Persona(s) Física(s) que ejerce(n) el control efectivo final o es(son) propietario(s) último(s) de una Persona Jurídica o ente sin personalidad jurídica.
También se considerará beneficiario final a la Persona Física en beneficio de quien o quienes se lleva a cabo una transacción, aun cuando la Persona Física no aparezca como titular o como la persona que formalmente controla esa operación. Debida Diligencia: Es el conjunto de procedimientos, políticas y gestiones mediante el cual los sujetos obligados establecen un adecuado conocimiento sobre sus clientes y relacionados, actuales y potenciales, beneficiarios finales y de las actividades que realizan. Debida Diligencia Ampliada: Los sujetos obligados deben realizar una debida diligencia ampliada cuando hayan identificado riesgos mayores de lavado de activos o de financiamiento al terrorismo. Tercero de Buena Fe: Es aquella persona que actúa de buena fe al implementar las obligaciones.
Los Sujetos Obligados No Financieros bajo la supervisión de la DGII son los siguientes:
Las empresas de factoraje. Los agentes inmobiliarios cuando éstos se involucran en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios. Los comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas. Los abogados, notarios, contadores, y otros profesionales jurídicos, cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes, sobre las siguientes actividades: Compra, venta o remodelación de inmuebles. Administración del dinero, valores u otros bienes del cliente.
Administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores. Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas. Creación, operación o administración de Personas Jurídicas u otras estructuras jurídicas y compra y venta de entidades comerciales. 1 2 3 4 5 5 Reportar las transacciones en efectivo (RTE) superiores a los US$15,000.00 (quince mil dólares) o su equivalente en moneda nacional, según la tasa de cambio del Banco Central de la República Dominicana, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Reportar las Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAF. Colaborar con el Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Confidencialidad. Procedimientos y órganos de control interno. Capacitar a los empleados respecto a las obligaciones que impone la Ley 155-17. . Adoptar, desarrollar y ejecutar un programa de cumplimiento basado en riesgo, adecuado a la organización, estructura, recursos y complejidad de las operaciones que realicen.
La constitución de Personas Jurídicas, su modificación patrimonial, por motivo de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compra venta de acciones y partes sociales. Actuación como agente de creación de Personas Jurídicas. Actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como director o apoderado de una sociedad mercantil, un socio de una sociedad o una posición similar con relación a otras Personas Jurídicas; Provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una sociedad mercantil, sociedad o cualquier otra Persona Jurídica o estructura jurídica; Actuación o arreglo para que una persona actúe como un accionista nominal para otra persona. Las empresas o Personas Físicas que de forma habitual se dediquen a la compra y venta de vehículos, de armas de fuego, barcos y aviones, vehículos de motor. Las empresas constructoras.
Sanciones Administrativas de los Sujetos Obligados No Financieros
Sanciones Administrativas de los Sujetos Obligados
No Financieros
Según el artículo 68 de la Ley 155-17, las infracciones
administrativas se clasifican en muy graves, graves y leves.
En el artículo 72 está establecido que las personas que ejerzan
cargos de administración o dirección en los sujetos obligados,
sean unipersonales o colegiados, serán responsables de las
infracciones imputables a las Personas Jurídicas donde ejerzan
sus funciones, en adición a la responsabilidad que corresponda
al sujeto obligado.
De acuerdo al artículo 75, las sanciones establecidas para cada
infracción son:
El artículo 76 establece que cuando se apliquen sanciones por la
comisión de faltas muy graves o en los de reincidencia, cuando
la entidad sancionada sea una Persona Jurídica sujeta a
autorización administrativa o licenciamiento, el regulador podrá
ordenar su suspensión o revocación.
El artículo 78 indica que sin menoscabo de las sanciones
impuestas al sujeto obligado, se impondrán una o varias de las
siguientes sanciones a quienes, ejerciendo en un cargo de
administración o dirección, sean responsables de la infracción
administrativa muy grave:
a) Multa a cada uno de ellos por un importe de quinientos mil
pesos dominicanos (RD$500,000.00) hasta tres millones de
pesos dominicanos (RD$3,000,000.00).
b) La separación del cargo, con inhabilitación para ejercer
cargos de administración o dirección en entidades de la
misma naturaleza por un plazo máximo de diez (10) años.
Sanciones Administrativas de los Sujetos Obligados
No Financieros
Para las infracciones muy graves: Multa de dos millones un
peso dominicanos con 00/100 (RD$2,000,001.00) a cuatro
millones de pesos dominicanos (RD$4,000,000.00).
Para las infracciones graves: Multa de un millón un peso
dominicanos (RD$1,000,001.00) a dos millones de pesos
dominicanos (RD$2,000,000.00).
Para las infracciones leves: Multa de trescientos mil pesos
dominicanos (RD$300,000.00) a un millón de pesos
dominicanos (RD$1,000, 000.00).
Apple Adquiere Division de memorias a Toshiba.-
Apple mueve ficha en un mercado estratégico de
vital importancia en la economía de los datos. El fabricante del iPhone integra
un consorcio de ocho empresas que compra a Toshiba su negocio de memorias. El grupo, que lidera el fondo
Bain Capital y que incluye a Dell, paga 17.700 millones de dólares a la
tecnológica japonesa, que necesita el efectivo para aliviar su
delicada situación financiera.
Toshiba
es actualmente el segundo fabricante mundial de chips de memoria NAND, que se
utilizan en las nuevas generaciones de dispositivos electrónicos en el ámbito
de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y el coche autónomo. El
acuerdo no fue fácil, porque había múltiples partes en movimiento. La filial,
de hecho, llevaba nueve meses en venta y la puja fue feroz.
El
consorcio incluye también a Seagate Techonology, Kingston Tecnology, a la
japonesa Hoya y la surcoreana SK Hynix. Todos quieren tener acceso a la
tecnología NAND. Toshiba conserva el 40,2% de los derechos de voto. Hoya
controlar el 9,9% mientras que las cuatro firmas estadounidenses no tendrán
derechos de voto. Hynix, por su parte, hace de cortafuego en la estructura.
La
operación cuenta, sin embargo, con la firme oposición de su socia Western
Digital. Y pese al aparente consenso logrado por los miembros del grupo,
tampoco se explica con claridad cómo trabajarán juntas. Los intereses de los
participantes son muy diferentes. De hecho, estaba previsto que se celebrara
una rueda de prensa para anunciar la firma del acuerdo, que se canceló.
La
gran pregunta, por tanto, es saber quién tomará el liderazgo. Para Toshiba, la
venta le permitirá aliviar los riesgos financieros que sufre tras declarar su filial Westinghouse Electric en bancarrota. La
tecnológica japonesa adquirió la compañía por 5.400 millones en 2006, en una
clara apuesta por la energía nuclear. Pero lo único que hizo es generarle
pérdidas que no puede soportar.
La
situación financiera de Toshiba es tan delicada que arriesga con ser retirada de la Bolsa de Tokio. El
acuerdo está sujeto al examen de los reguladores en Japón, un proceso que se
puede llevar aún otros seis meses. Western Digital, socia de Toshiba en el
negocio de las memorias tras la adquisición de SanDisk, amenazó con bloquear
cualquier pacto que no cuente con su consentimiento.
(El Pais)
VERIZON adsorbed acciones de YAHOO
Yahoo se extingue como compañía independiente. Es el fin de
una era para los primeros curiosos que hace dos décadas empezaron a surfear por
Internet y a comunicarse por correo electrónico. Yahoo Mail, Yahoo Finance y
Yahoo Sports abrieron la Web al común de los usuarios para informarse y
socializarse. Pero en el universo tecnológico todo cambia rápido y Yahoo perdió
el paso.
El grupo de telecomunicaciones
Verizon culminó este martes el proceso de integración del negocio
de Internet de la tecnológica de Silicon Valley. Los activos de la sociedad los
combina con el negocio que ya controla de AOL, otra de las pioneras, y crea así
una nueva división de medios que se llama Oath. Yahoo entra en el mismo cajón
de las memorias en el que están el telégrafo o el teléfono de pared, aunque la
marca seguirá existiendo. Para quienes tienen un correo en Yahoo, todo seguirá
igual, al menos de momento.
Verizon paga ahora 4.450 millones de
dólares por el negocio de Internet de Yahoo. La operación supone también una
pérdida importante para Silicon Valley ya que Oath tendrá su sede en Nueva
York, que desde hace unos años está emergiendo como epicentro tecnológico
alternativo a San Francisco. Marissa Mayer, que
durante los últimos cinco años estuvo al frente de Yahoo, desaparece también de
la primera línea.
El avance tecnológico
Yahoo y AOL eran omnipresentes en el momento incipiente de Internet. Pero los usuarios del mañana ya no sueñan con utilizar sus servicios. A las nuevas generaciones les atraen más aplicaciones como Instagram, SnapChat o Spotify. El avance tecnológico, además, lleva a que los programas prescindan cada vez más de la Web y tiende a utilizar dispositivos a los que se le habla como Alexa de Amazon.
Al frente de Oath se pone Tim Armstrong, que actualmente es el consejero delegado de AOL. Supervisará la gestión de más de medio centenar de marcas que incluyen el HuffPost, Tumblr, TechCrunch, Yahoo Finance o Yahoo Mail y que tiene más de mil millones de usuarios en todo el mundo. El paso es crítico para Verizon, que busca ganar escala en el negocio de los medios digitales.
Verizon explica que el contenido que
genere Oath estará disponible en las distintas plataformas, como la realidad
virtual. Además de ser la mayor compañía de móviles de Estados Unidos, es uno
de los grandes competidores en el negocio de la distribución de la televisión
por cable. “Crearemos nuevas maneras de captar audiencias por todo el mundo”,
explica Marni Walden, presidenta de Verizon Media.
Consolidación
Además de distribuir contenido, la
compra de Yahoo y su combinación con AOL permitirá a Verizon desarrollar nuevas
soluciones tecnológicas en el ámbito de la publicidad para competir con Google
y Facebook. Ahí es donde se juega todo. AT&T está en proceso de fusionarse
con el conglomerado de medios Time Warner para crear contenido propio y captar
anunciantes.
Yahoo llegó a valer más de 100.000
millones de dólares antes del estallido de la burbuja tecnológica a final del
año 2000. Fue su mejor momento, antes de que la generación de los millennials se
pusieran frente a la pantalla y el teclado. De ahí a convertirse en el ejemplo
de la poca cintura que tuvo para adaptarse a una nueva realidad dominada por
los dispositivos móviles y la información al instante.
Google compra parte de las acciones de HTC
(El País)
El buscador toma el control mayoritario de la
compañía taiwanesa de móviles.
Google se hace con
el control de la empresa HTC como accionista mayoritario para impulsar sus
propios conceptos en móviles — su gama de teléfonos Píxel se los fabrican otras empresas—, y en asistentes de voz —aquí quiere competir
con el futuro aparato del hogar Home-Pod de Apple y la gama Echo de Alexa,
desarrollada por Amazon—. Con su nueva alianza, Google también espera mejorar
la competencia en dos tecnologías al alza: la realidad virtual y la realidad
aumentada, un sector en el que la taiwanesa HTC tiene una posición destacada
con el sistema Vive. Al hacerse con él, Google tratará de plantar cara al sistema Hololens
de Microsoft y al Oculus de Facebook.
HTC, que mantendrá la fabricación de teléfonos también bajo su propia
marca, ha firmado un acuerdo de cooperación para desarrollar teléfonos con
Google y un acuerdo de uso de sus patentes durante diez años por parte del
buscador. Traspasará a su nuevo comprador unos 2.000 empleados, según dijo el
director financiero, Peter Shen Daobang.
Para los siguientes lanzamientos, Google controlará directamente a un
fabricante, y eso le permitirá enfocar sus esfuerzos en investigación, márketing y distribución de una manera más
eficiente y dar un impulso al sistema operativo Android. El sistema operativo
de los de Mountain View tiene actualmente una cuota superior al 85% del mercado
de smartphones pero se posicionan en el mismo rango
que Apple en cuanto a percepción de valor.
Se espera que HTC pase a estar bajo la batuta de Google para mantener
una línea coherente en cuanto a concepción de marca y productos finales. La
realidad aumentada, virtual y enriquecida (un formato híbrido entre ambas) es
uno de los campos que Google quiere liderar con la adquisición de HTC.
Hay un Pais en el Mundo.............
Y A Dios Que Me Perdone
Sinopsis:
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Es la historia de Toribio Sosa, un raso de la policía que hace todo lo que este a su alcance para conseguir los recursos necesarios y que su mujer sobreviva a una leucemia posparto. Con un sueldo de 7 mil pesos mensuales se le hace imposible lograr sus propósitos, y es entonces cuando decide utilizar los únicos recursos que le quedan a mano: Su arma de reglamento y el bajo mundo. La falta de educación, la pobreza, la ausencia de un sistema de salud adecuado, y el descaro con que la clase política le estrujaba a millones de ciudadanos como Toribio, que podían robarse el dinero publico y luego burlarse y evadir las mas altas instancias judiciales para salirse con la suya, habían iniciado en Toribio un proceso irreversible, se comenzaba a crear un monstruo que como los hombres del paleolítico saldría de su cueva a enfrentarse con un Mamut o un Bisonte sin importar cuanto lo superaba en fuerza y tamaño, con el solo propósito de sobrevivir y llevar el bienestar a los suyos. Toribio es el “malo” de nuestra historia, y con ella, no pretendemos justificar el crimen, ni hacer una apología de este… Pero coño, que fina es la línea. la lucha de los poderes, dinero correpcion, policia, politicos empresarios sector privado.........
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Es la historia de Toribio Sosa, un raso de la policía que hace todo lo que este a su alcance para conseguir los recursos necesarios y que su mujer sobreviva a una leucemia posparto. Con un sueldo de 7 mil pesos mensuales se le hace imposible lograr sus propósitos, y es entonces cuando decide utilizar los únicos recursos que le quedan a mano: Su arma de reglamento y el bajo mundo. La falta de educación, la pobreza, la ausencia de un sistema de salud adecuado, y el descaro con que la clase política le estrujaba a millones de ciudadanos como Toribio, que podían robarse el dinero publico y luego burlarse y evadir las mas altas instancias judiciales para salirse con la suya, habían iniciado en Toribio un proceso irreversible, se comenzaba a crear un monstruo que como los hombres del paleolítico saldría de su cueva a enfrentarse con un Mamut o un Bisonte sin importar cuanto lo superaba en fuerza y tamaño, con el solo propósito de sobrevivir y llevar el bienestar a los suyos. Toribio es el “malo” de nuestra historia, y con ella, no pretendemos justificar el crimen, ni hacer una apología de este… Pero coño, que fina es la línea. la lucha de los poderes, dinero correpcion, policia, politicos empresarios sector privado.........
Derechos Reservados (Película Gratis de Angel Muñiz)
Ley No.183–02, Monetaria y Financiera de la República Dominicana.-
LEY 183-02 MONETARIA
Y FINANCIERA TÍTULO I MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL SECCIÓN I PRINCIPIOS DE
LA REGULACIÓN DEL SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO.
TÍTULO I
MARCO REGULATORIO E
INSTITUCIONAL
SECCIÓN I
PRINCIPIOS DE LA
REGULACIÓN DEL SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO
Artículo 1.
Objeto de la Ley y Régimen Jurídico del Sistema Monetario y Financiero.
a) Objeto de la
Ley. La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen regulatorio del sistema
monetario y financiero de la República Dominicana.
b) Alcance de la
Regulación. La regulación del sistema monetario y financiero en todo el territorio
de la República Dominicana se lleva a cabo exclusivamente por la Administración
Monetaria y Financiera. La regulación del sistema comprende la fijación de políticas,
reglamentación, ejecución, supervisión y aplicación de sanciones, en los
términos establecidos en esta Ley y en los Reglamentos dictados para su
desarrollo.
c) Régimen
Jurídico. La regulación del sistema monetario y financiero se regirá exclusivamente
por la Constitución de la República y esta Ley. Los Reglamentos que para su
desarrollo dicte la Junta Monetaria, y los Instructivos, que subordinados
jerárquicamente a los Reglamentos que dicte la Junta Monetaria, dicten el Banco
Central y la Superintendencia de Bancos en el área de sus respectivas
competencias. Serán de aplicación supletoria en los asuntos no previstos
específicamente en las anteriores normas, las disposiciones generales del
Derecho Administrativo y en su defecto las del Derecho Común.
d) Coordinación
de Competencias. El sistema monetario y financiero, el mercado de valores y los
sistemas de seguros y pensiones se regirán por sus propias Leyes. La
Administración Monetaria y Financiera y los Organismos reguladores y
supervisores del mercado de valores, seguros y pensiones guardarán la necesaria
coordinación en el ejercicio de sus respectivas competencias regulatorias, con
el objeto de permitir una adecuada ejecución de sus funciones, una eficiente
supervisión en base consolidada y un fluido intercambio de las informaciones
necesarias para llevar a cabo sus tareas, conforme a lo dispuesto en la presente
Ley. La Junta Monetaria reglamentará, previa consulta a los referidos
Organismos, el procedimiento para la solución de discrepancias y conflictos de
competencias que pudieran derivarse del cumplimiento de dicha obligación de
coordinación.
Artículo 2.
Objeto de la Regulación.
a) Regulación
del Sistema Monetario. La regulación del sistema monetario tendrá por objeto mantener
la estabilidad de precios, la cual es base indispensable para el desarrollo económico
nacional.
b) Regulación
del Sistema Financiero. La regulación del sistema financiero tendrá por objeto velar
por el cumplimiento de las condiciones de liquidez, solvencia y gestión que
deben cumplir en todo momento las entidades de intermediación financiera de
conformidad con lo establecido en esta Ley, para procurar el normal
funcionamiento del sistema en un entorno de competitividad, eficiencia y libre
mercado.
Artículo 3.
Régimen de Previa Autorización Administrativa.
a) Modelo de
Autorización. La intermediación financiera está sometida al régimen de previa autorización
administrativa y sujeción a supervisión continua, en los términos establecidos en
esta Ley. La intermediación financiera sólo podrá ser llevada a cabo por las
entidades de intermediación financiera a que se refiere esta Ley.
b) Concepto de
Intermediación Financiera. A los efectos de esta Ley se entiende por intermediación
financiera la captación habitual de fondos del público con el objeto de cederlos
a terceros, cualquiera que sea el tipo o la denominación del instrumento de captación
o cesión utilizado. Reglamentariamente se determinarán los supuestos de captación
habitual que, por su carácter benéfico, no constituyen intermediación
financiera.
c) Efectos. El
otorgamiento de la autorización y el ejercicio de las actividades de
supervisión no supondrán, en ningún caso, la asunción por la Administración
Monetaria y Financiera de responsabilidad alguna por los resultados derivados
del ejercicio de actividades de intermediación financiera que serán siempre por
cuenta de la entidad de intermediación financiera autorizada.
d) Instrumentos.
La Administración Monetaria y Financiera garantizará el adecuado funcionamiento
del sistema monetario y financiero, mediante la implementación de los instrumentos
de política monetaria, regulación, supervisión y control de las operaciones de las
entidades de intermediación financiera, acorde con la presente Ley, las normas
y prácticas internacionales sobre la materia.
Artículo 4.
Régimen Jurídico de los Actos Regulatorios y de los Recursos.
a) Presunción de
Legalidad. Los actos dictados por la Administración Monetaria y Financiera en
el ejercicio de sus competencias y de conformidad con los procedimientos reglamentariamente
establecidos, gozan de presunción de legalidad, salvo prueba en contrario, y
serán inmediatamente ejecutorios. Su incumplimiento conlleva la correspondiente
sanción en los términos establecidos en esta Ley. Para la ejecución forzosa de
los actos administrativos, la Administración Monetaria y Financiera contará, si
fuere necesario, con el auxilio de la fuerza pública del Ministerio Público, la
cual no podrá ser denegada bajo ninguna circunstancia. La ocupación a que hace
referencia el Artículo 63, literal
b) de esta Ley
no requerirá ningún auxilio jurisdiccional del Ministerio Público, siempre que
se practique en dependencias de la entidad de intermediación financiera en
presencia de un funcionario debidamente acreditado por la Junta Monetaria que
levantará acta de lo actuado.
b)
Recurribilidad. Los actos dictados por la Administración Monetaria y
Financiera, que pongan término a un procedimiento administrativo, sólo serán
recurribles mediante los recursos administrativos de reconsideración ante la
entidad que dictó el acto y el recurso jerárquico ante la Junta Monetaria
conforme a las disposiciones de esta Ley. Los actos de iniciación de un
procedimiento y los actos de trámite no serán recurribles independientemente
del acto que ponga término al procedimiento administrativo. Frente a los actos
de la Junta Monetaria que pongan término a los recursos administrativos cabrá interponer
recurso contencioso administrativo de lo monetario y financiero en el plazo máximo
de un (1) mes, ante el órgano judicial y conforme al procedimiento determinado
en el Artículo 77 de esta Ley.
c) Efectos No
Suspensivos. Los recursos y las resoluciones que pongan término a los mismos
deberán fundamentarse exclusivamente en infracciones de la normativa a la que
se refiere el Artículo 1 de esta Ley o en infracción de las normas de
procedimiento dictadas al amparo de lo establecido en este Artículo. La
interposición de un recurso administrativo o contencioso administrativo de lo
monetario y financiero, no tendrá efectos suspensivos sobre la ejecución del
acto recurrido. Sólo podrá solicitarse la suspensión del acto recurrido cuando
dicho acto ponga fin a un procedimiento sancionador y siempre y cuando la ejecución
de dicho acto pudiera producir, objetivamente considerado, un efecto
irremediable en caso de que el acto fuese revocado posteriormente en sede
judicial. No tendrá la consideración de efecto irremediable el mero pago de
sumas de dinero. No serán susceptibles de recurso administrativo o
contencioso-administrativo de lo monetario y financiero, los actos mediante los
que se defina el objetivo anual de la programación monetaria, los de ejecución
de la política monetaria, y aquellos por los que se apruebe o modifique el plan
anual de inspección y supervisión financiera.
d) Impugnación
de Disposiciones Reglamentarias. La impugnación de los Reglamentos de la Junta
Monetaria y los Instructivos del Banco Central y de la Superintendencia de
Bancos sólo podrá realizarse en ocasión de la interposición de un recurso
frente a un acto dictado en ejecución de los mismos. Los Reglamentos y los
Instructivos tendrán siempre un alcance general y lo dispuesto en ellos no
podrá ser objeto de alteración singular por actos dictados por el mismo órgano
que emitió la disposición reglamentaria o por otro distinto.
e) Principios
Procedimentales. La Junta Monetaria reglamentará las normas generales aplicables
a los procedimientos administrativos de la Administración Monetaria y
Financiera de conformidad con lo dispuesto en este Artículo y de acuerdo con
los principios generales del Derecho Administrativo y en especial con los de
legalidad, seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, motivación de
los actos que restrinjan la esfera jurídica de los interesados, jerarquía
normativa, eficacia, razonabilidad, economía, transparencia, celeridad,
preclusión de plazos, publicidad y debido proceso.
f) Terminología.
Las disposiciones reglamentarias de la Junta Monetaria se denominarán Reglamentos
Monetarios y Reglamentos Financieros. Las disposiciones reglamentarias del Banco
Central y de la Superintendencia de Bancos se denominarán Instructivos. Los Reglamentos
Internos de la Junta Monetaria, del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos
se denominarán Reglamentos Internos. Los actos de la Junta Monetaria se denominarán
Resoluciones de la Junta Monetaria. Los actos del Banco Central y de la Superintendencia
de Bancos se denominarán Circulares.
g) Elaboración
de Reglamentos. Durante la elaboración de los Reglamentos Monetarios y Financieros,
la Junta Monetaria deberá convocar a consulta pública para recibir por escrito las
opiniones de los sectores interesados, en un plazo que no podrá ser inferior a
treinta (30) días contados a partir de la fecha de la publicación en por lo
menos un diario de circulación nacional del texto íntegro de la propuesta de
Reglamento. El plazo establecido en este literal podrá ser reducido por la
Junta Monetaria en los casos que sea de extrema urgencia la entrada en vigor
del Reglamento. Los Reglamentos entrarán en vigor en un plazo de setenta y dos
(72) horas de su publicación en por lo menos un diario de circulación nacional.
h) Publicidad.
Los Reglamentos Monetarios y Financieros así como los Instructivos del Banco
Central y de la Superintendencia de Bancos serán publicados en los Boletines Informativos
a que se refieren los Artículos 22, literal f) y 23, literal c) de esta Ley,
según corresponda, y en por lo menos un diario de circulación nacional. Los
Reglamentos Internos deberán ser del conocimiento del personal de la
Administración Monetaria y Financiera en la parte que le concierne. Los actos
administrativos de la Administración Monetaria y Financiera deberán ser
notificados como condición de validez en el domicilio de los particulares
afectados por los mismos o, si se trata de una persona moral, en manos de sus
representantes legales y en el domicilio social de la entidad, y, en su defecto
y por imposibilidad acreditada, en las publicaciones a que se refieren los
Artículos 22 y 23 de esta Ley, según corresponda.
SECCIÓN II
ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
MONETARIA Y FINANCIERA.
Artículo 5.
Estructura.
a)
Organización.
La Administración Monetaria y Financiera está compuesta por la Junta Monetaria,
el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, siendo la Junta Monetaria el órgano
superior de ambas entidades. La Administración Monetaria y Financiera goza de autonomía
funcional, organizativa y presupuestaria para el cumplimiento de las funciones que
esta Ley le encomienda.
b)
Relaciones.
Las relaciones entre el Banco Central y la Superintendencia de Bancos se regirán
por los principios de economía, cooperación, coordinación de funciones y competencias.
La Junta Monetaria velará por el cumplimiento de esta disposición.
c)
Ejercicio
de Competencias. Las atribuciones que esta Ley encomienda a la Administración
Monetaria y Financiera son irrenunciables y sólo podrán ser ejercidas por la misma
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. La Administración Monetaria y Financiera
sólo tendrá capacidad para realizar aquello que esta Ley le encomienda.
d)
Obligación
de Información. Las personas físicas y jurídicas ya sean públicas o privadas, estarán
obligadas a facilitar a la Administración Monetaria y Financiera la información
que ésta precise para el cumplimiento de sus funciones en la forma que
determina esta Ley y que reglamentariamente se establezca. La falta de
suministro de información podrá ser hecha pública por la Administración
Monetaria y Financiera en un diario de circulación nacional y comunicada al
Congreso Nacional, independientemente de las sanciones a que estén sujetas las
personas conforme las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 6.
Régimen Estatutario del Personal.
a)
Categorías.
El personal de la Administración Monetaria y Financiera está conformado por autoridades,
funcionarios y empleados. Son autoridades los miembros de la Junta Monetaria,
así como el Vicegobernador del Banco Central y el Intendente de la Superintendencia
de Bancos. Son funcionarios los cargos iguales o superiores a la categoría de
subdirector de conformidad con las disposiciones de los Reglamentos Internos del
Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Tendrá la consideración de
empleados el resto del personal. La relación laboral de los funcionarios y
empleados al servicio de la Administración Monetaria y Financiera se regirá por
lo dispuesto en este Artículo, por los correspondientes Reglamentos Internos y
por las disposiciones del Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social. Para
su consideración dentro del régimen de compensación y retiro del personal de la
Administración Monetaria y Financiera, el Gobernador y el Vicegobernador del
Banco Central, así como el Superintendente y el Intendente de Bancos, estarán
equiparados a la categoría de funcionario, sin perjuicio de su calidad de autoridades.
b)
Deberes.
El personal al servicio de la Administración Monetaria y Financiera ejercerá
sus funciones con absoluta imparcialidad y de acuerdo a las normas y
procedimientos establecidos. Reglamentariamente se establecerá un Código de
Conducta que regirá la obtención de financiamiento por el personal de la
Administración Monetaria y Financiera de parte de las entidades de
intermediación financiera. El personal estará sometido a un régimen de
responsabilidad administrativa personal, sin perjuicio de la civil o penal que corresponda,
que será exigible mediante el correspondiente procedimiento disciplinario. Dentro
de este régimen disciplinario se considerarán faltas muy graves, con sanción de
separación del cargo, la infracción de las obligaciones impuestas por el Código
de Conducta y la infracción del deber de confidencialidad.
c)
Derechos. Los funcionarios y empleados de la
Administración Monetaria y Financiera contarán con un sistema de selección y
carrera basado en los principios de mérito y capacidad, que garantizará su
imparcialidad e independencia, y proscribirá la remoción del cargo por razones
de mera oportunidad. La selección de los funcionarios y empleados para labores
técnico-profesionales estará sujeta a la celebración de concursos de acuerdo a
los Reglamentos Internos del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos.
Los funcionarios y empleados contarán con un sistema de retribuciones
transparente y de mercado que contemple fondos de pensiones y jubilaciones para
el Banco Central y para la Superintendencia de Bancos, conforme a las
disposiciones que dicte la Junta Monetaria y en base a los preceptos de la Ley
de Seguridad Social. Los Reglamentos Internos también establecerán los
respectivos regímenes de los funcionarios y empleados del Banco Central y la
Superintendencia de Bancos, así como el catálogo de incompatibilidades en
atención a las responsabilidades del puesto desempeñado y el régimen
disciplinario. Los actos que se dicten en materia de personal seguirán el
régimen de recursos administrativos y contencioso administrativo de lo
monetario y financiero establecido en el Artículo 77 de esta Ley.
d)
Responsabilidad
Económica. Las autoridades y funcionarios al servicio de la Administración
Monetaria y Financiera que autoricen, permitan o de cualquier modo toleren la
concesión de financiamiento por parte del Banco Central a entidades públicas o
privadas, en violación a los preceptos de la presente Ley, serán personal y
solidariamente responsables con su propio patrimonio del reembolso inmediato de
las cantidades dispuestas, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil
que resulten aplicables. La acción judicial para exigir el reembolso, con los
correspondientes intereses, es pública y prescribe a los cinco (5) años
contados a partir de la fecha en que dicha persona haya dejado de prestar su
servicio a la Administración Monetaria y Financiera. En caso de que la decisión
de concesión de financiamiento haya sido adoptada por la Junta Monetaria no
podrá exigirse esta responsabilidad a quienes hayan salvado su voto
oportunamente, lo cual debe constar en las actas correspondientes.
Artículo 7.
Exigencia de Responsabilidad por Terceros.
No podrá
intentarse ninguna acción personal, civil o penal, contra el personal que
preste sus servicios a la Administración Monetaria y Financiera, por los actos
realizados durante el ejercicio de sus funciones conforme a lo previsto en esta
Ley, sin que con carácter previo se haya obtenido una resolución judicial
definitiva e irrevocable declarando la nulidad del correspondiente acto
administrativo en cuya realización dicha persona hubiere participado.
En el caso de
que se declare la nulidad de dicho acto y que la causa de nulidad fuere la conducta
particular de la persona que dictó o ejecutó el acto, quedará abierta la vía
para ejercitar la acción disciplinaria que corresponda sin perjuicio de las
demás acciones que procediesen en Derecho.
A los efectos
previstos en este Artículo, la Administración Monetaria y Financiera asumirá los
costos de defensa del personal demandado, aún cuando haya dejado de prestar servicios
a la misma. La Administración Monetaria y Financiera tendrá derecho a repetir tales
costos contra dichas personas en el caso en que las mismas fueran encontradas personalmente
responsables de la ilegalidad. Esta obligación de asumir los costos de defensa
a cargo de la Administración Monetaria y Financiera existirá en beneficio de aquellos
funcionarios separados de sus cargos o sancionados por su negativa a ejecutar acciones
que violen las prohibiciones de financiamiento a las entidades públicas y
privadas que establece la presente Ley, cuando estos funcionarios hayan
impugnado el acto por el que se les separe o sancione ante las instancias
competentes.
Artículo 8.
Obligación Especial de Confidencialidad.
El personal al
servicio de la Administración Monetaria y Financiera, que en virtud de sus funciones
tenga acceso a información de carácter confidencial y privilegiada, tendrá la obligación
de observar total discreción. El incumplimiento de esta obligación será causa
de destitución inmediata sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten
aplicables.
Cuando a efectos
previstos en la legislación tributaria o para la sustanciación de las causas penales,
la Administración Tributaria o los jueces competentes requieran la remisión de información
de carácter confidencial, ésta se transmitirá por escrito por intermedio de las
autoridades competentes de la Administración Monetaria y Financiera. Lo
dispuesto en este Artículo se entiende sin perjuicio de lo que puedan disponer
normas especiales para la prevención de lavado de activos.
Billetes de mayor circulacion
Los billetes de más alta denominación del mundo con mayor y menor poder adquisitivo.
BBC Mundo.-
Hay países en los que para llevar una fortuna en el bolsillo basta con cargar un billete.
Y hay otros en los que puedes llevar una mochila llena de papel moneda de alta denominación sin apenas valor.
Efectivamente, hay billetes llenos de ceros que en realidad no valen mucho, si usamos el dólar estadounidense como valor de referencia para compararlos.
Y un caso paradigmático fue el del billete de 100.000.000.000 dólares de Zimbaue, que el gobierno africano retiró el pasado mes de junio de circulación.
Su valor era tan bajo que Z$35.000 billones se cambiaban por US$1.
Mientras que en la actualidad el billete de mayor denominación del mundo es el de 500.000 dong de Vietnam.
Esto, sin embargo, equivale a casi US$ 23 y hay billetes que en la práctica valen mucho más.
BBC Mundo te presenta los billetes con mayor denominación y a la vez mayor equivalencia en dólares estadounidenses del mundo. Y también los grandes billetes que valen menos, según las tasas de cambio vigentes al momento de escribir estas líneas.
- Billete de 10.000 dólares de Singapur: US$7,221
Según el economista Miguel Angel Boggiano, profesor de la argentina Universidad de San Andrés, el billete de 100 bolívares venezolano es el que menos valor en US$ tiene en el mundo.
Pero, para ello, en un estudio sobre divisas realizado para la consultora Carta Financiera, utiliza un tipo de cotización extraoficial de 600 bolívares por dólar, lo que significaría que 100 bolívares equivaldrían a apenas 17 centavos de dólar estadounidense.
Venezuela, sin embargo, maneja tres tipos de cambio oficial, que arrojan otras equivalencias: $16 en el caso del dólar oficial de referencia, US$ 8 a la tasa Sicad y US$0,50 a la tasa Simadi.
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